Los juicios de lesa humanidad buscan llevar justicia a las víctimas del terrorismo de Estado en la Argentina. Investigan la responsabilidad de integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, de funcionarios judiciales, miembros de instituciones religiosas, de civiles o grupos empresariales en graves violaciones a los derechos humanos cometidas antes y durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983), como secuestros, desapariciones forzadas, ejecuciones, torturas, apropiaciones y delitos de índole sexual.
El proceso de justicia por estos delitos comenzó con la vuelta de la democracia, en 1983, pero se vio interrumpido durante casi 20 años por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y los indultos, que garantizaron la impunidad de represores. Se retomaron en 2001 y desde ese momento se completaron más de 280 juicios, con más de 1000 personas condenadas.
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